Los recientes hechos de violencia ocurridos en el país vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que los gobiernos no pueden esquivar: ¿quién está respondiendo por la seguridad de los ciudadanos?

Dos acontecimientos ocurridos la semana pasada ilustran la gravedad del problema: un vehículo cargado con aproximadamente 200 kilos de explosivos, confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, estalló frente a la Comandancia de Seguridad Pública del municipio de Ojocaliente, Zacatecas, dejando personas lesionadas, daños en viviendas, automóviles e infraestructura. Evento que se le relaciona con el crimen organizado.

El segundo hecho fue la masacre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fueron asesinados el integrante de un grupo musical, su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia. Este acto muestra la descomposición del tejido social. 

Ambos hechos, aunque de naturaleza distinta, comparten un origen común: el debilitamiento del Estado de derecho y la preocupante falta de resultados por parte de los gobiernos locales para prevenir la violencia, garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Frente al atentado en Zacatecas, el diputado federal Ricardo Monreal Ávila intentó explicar la violencia como un comportamiento "normal" en el combate al crimen organizado. Sin embargo, para la sociedad mexicana no es ni puede ser normal que detonaciones de escala terrorista destruyan el patrimonio de las familias, ni que atenten contra la vida de cualquier persona, ni que la delincuencia mantenga el control territorial ante autoridades estatales reactivas. 

Cuando Ricardo Monreal señala que “… este combate frontal contra la delincuencia, que en el pasado se toleró, en gobiernos pasados, ahora tiene sus reacciones y sus reacciones son no pacíficas, son violentas…” es importante recordarle que Zacatecas no es una entidad ajena a la familia Monreal. Él gobernó el estado de 1998 a 2004 y fue senador por esa entidad de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012; David Monreal encabeza actualmente el Ejecutivo estatal y Saúl Monreal ocupa un escaño en el Senado con aspiraciones a la gubernatura. Además, David, Saúl, junto con su hermano Rodolfo, han sido alcaldes de Fresnillo, el segundo municipio más importante. Sin mencionar otros cargos de elección popular que han ocupado.

Después de tantos años de control sobre los presupuestos, las corporaciones policiales y las instituciones locales, es válido preguntar qué resultados ha producido esa continuidad en materia de seguridad, fortalecimiento institucional y prevención del delito.

La respuesta de un gobierno local ante un atentado de esa magnitud no puede limitarse a condenar los hechos y que se responderá con toda la fuerza del Estado. La fuerza es necesaria, pero llega después del delito. Gobernar es dar resultados y Zacatecas no se merece la normalización de la violencia.

En el Estado de México la situación tampoco puede minimizarse. De acuerdo a datos del colectivo Causa en Común, citados por la especialista María Elena Morera, se registraron 17 masacres en 2023, 23 en 2024 y 20 en 2025. Estas cifras confirman que la descomposición social y la violencia no son hechos aislados, sino una constante que no ha recibido una respuesta contundente por lo que se debería plantear una pregunta elemental: ¿qué están haciendo las instituciones del gobierno de Delfina Gómez Álvarez para evitar que estos hechos se repitan?

Gobernar en materia de seguridad implica prevenir delitos, profesionalizar y fortalecer a las policías, utilizar inteligencia para anticiparse a las organizaciones delictivas y garantizar la procuración de justicia. Atribuir de manera sistemática la carga de la seguridad al Gobierno Federal constituye una evasión de las obligaciones constitucionales de los estados.

Ni las Fuerzas Armadas ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueden sustituir la responsabilidad directa de los mandatarios estatales en el saneamiento de sus instituciones y en la contención del delito en sus municipios. 

La Federación puede aportar coordinación y capacidad operativa, pero no puede suplir la voluntad política ni la competencia de las autoridades locales. Mientras los gobernadores utilicen al Gobierno Federal como un escudo para cubrir su falta de resultados, la ciudadanía seguirá pagando los costos de su omisión.

Exigir cuentas a los gobiernos estatales es el único camino para restaurar el orden y la paz en México.