La venta de Gas LP de procedencia ilícita “huachigas” además de generar riesgo de accidentes para la población, ha obligado a empresas formales a desplazarse pues los grupos delictivos han tomado el control en zonas de reparto, destacan los distribuidores de Gas LP formales.

“Mediante la actividad del “Huachigas” se violenta el Estado de Derecho, crece la inseguridad, se desincentivan las inversiones productivas, se sustituye la actividad de una empresa legal que genera empleos formales y paga impuestos, tomando su lugar la delincuencia organizada”, refieren. 

El sector que es generador de más de 200 mil empleos directos, pide a las autoridades atender y combatir esta situación, pues entre las afectaciones están la pérdida de empleos, además de sufrir amenazas, extorsión, secuestros, robo y clonación de equipos de reparto.

De acuerdo con el estudio “Tomas clandestinas ductos de petrolíferos y gas LP 2024” realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal “IGAVIM” (Observatorio Ciudadano), en 2024 los estados que concentraron el mayor número de tomas clandestinas de gas LP en ductos de PEMEX son Puebla con 426; Veracruz con 245; Tlaxcala con 127, Ciudad de México con 94; Oaxaca con 25, y Querétaro con 16.  

Al respecto, James Rockall, presidente de la Asociación Mundial de Gas LP (WLPGA), destacó en 2023 que el robo de gas LP debería de ser un tema prioritario para las autoridades, al ser un problema específico de México.

Los distribuidores de Gas LP formales también piden a la Secretaría de Energía (SENER) intervenir en la regulación y determinación de la “Tarifa de Distribución” de Gas LP, pues en los últimos seis meses se ha mantenido por debajo del punto de equilibrio, con ello, se ha visto imposibilitado para invertir en seguridad y mantenimiento, siendo que son indispensables para la operatividad del servicio.

En este caso refieren que Alejandro Castillo, cuando estuvo en la dirección de hidrocarburos de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), fue responsable de la fijación de precios, donde se bajó en 50% la tarifa sin ningún fundamento técnico ni económico.