Ante la persistente escasez de medicamentos, material de curación y otros insumos de salud, lo que genera un impacto directo en el bienestar de la población derechohabiente, el diputado Alberto Martínez Urincho propuso sancionar el incumplimiento en contratos de adquisición de dichos productos.

El legislador de MORENA presentó este martes, ante el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para adicionar los artículos 54 Bis y 54 Ter a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer medidas administrativas sancionadoras cuando las empresas no cumplan con la entrega de medicinas y otros insumos.

Al exponer su propuesta en tribuna, argumentó que el desabasto en el Sistema Nacional de Salud Pública representa un desafío persistente y doloroso, a pesar de los múltiples esfuerzos de reingeniería institucional y la consolidación de procesos de compra de medicamentos.

Resaltó que este problema traslada una carga financiera insostenible a las familias mexicanas, ya que el gasto que destinan a su salud actúa como un impuesto regresivo que afecta sus bolsillos, sobre todo a los sectores vulnerables. Esto, agregó, porque se ven obligados a recurrir al empeño de bienes, endeudarse o perder su patrimonio para poder pagar tratamientos crónicos u oncológicos.

“Este fenómeno genera una discriminación fáctica; se abre una brecha abismal entre quienes pueden subrogar su tratamiento de manera privada y aquellos cuya vida e integridad física dependen exclusivamente de la ventanilla pública. El resultado es un deterioro irreversible de la salud o, lo que es más lamentable, la muerte evitable de aquellos que menos tienen”, lamentó.

En ese contexto, el representante popular insistió que la salud es un derecho universal y no un privilegio, ya que la protección de ésta y la seguridad social son pilares fundamentales para la ciudadanía.

“Hemos sido testigos, una y otra vez, de cómo este desabasto se convierte en un arma política en manos de los monopolios y oligopolios farmacéuticos. Han instrumentalizado, de manera perversa, la vulnerabilidad y el sufrimiento de los pacientes, utilizando la presión mediática del desabasto como un chantaje corporativo para someter las decisiones de las políticas públicas de salud a sus intereses de mercado, a la especulación farmacéutica”, reclamó.

Martínez Urincho informó que -de acuerdo con datos oficiales reciente y auditorías aplicadas a la distribución de insumos de salud del ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar- persisten tasas de incumplimiento contractual por parte de proveedores privados, que promedian hasta un 13 por ciento en claves prioritarias.

Ante esa problemática, expuso que las penalizaciones vigentes están desvinculadas del daño social, ya que al cuantificarse sobre una base mercantil, las empresas integran las multas a sus modelos de riesgo financiero como costos incidentales.

Según la iniciativa, el Artículo 54 Bis establecería que: “En los contratos de adquisición de medicamentos, insumos de salud y material de curación, las penas convencionales por atraso en las fechas de entrega acordadas se calcularán diariamente sobre el valor de lo incumplido y su límite máximo podrá determinarse en función del costo estimado de la subrogación externa del bien, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Salud”.

En lo que respecta al Artículo 54 Ter, se detalla que se impondrá como sanción la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada ley, por un periodo de dos a diez años, a los proveedores que incurran en el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones en la entrega de las medicinas, materiales de curación y otros insumos de salud.