La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Arrendamiento Habitacional y Protección de los Derechos Inquilinarios, así como reformar el Código Civil y la Ley de la Procuraduría Social.

La propuesta busca sumarse al esfuerzo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien el pasado 14 de octubre presentó ante este Congreso una iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal y de expedición de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México.

La iniciativa plantea garantizar derechos y establecer obligaciones para ambas partes. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, más de 813 mil viviendas de la Ciudad de México son rentadas, lo que representa 26.9 por ciento de las viviendas particulares habitadas; es decir, casi tres de cada diez.

“Rentar una vivienda no debe convertirse en un abuso para quien necesita un hogar, ni en un riesgo para quien ha trabajado toda su vida para construir un patrimonio”, señaló la legisladora.

La propuesta considera a jóvenes, familias, personas trabajadoras y adultas mayores que buscan una vivienda, así como a quienes complementan sus ingresos mediante el arrendamiento de una propiedad.

Entre sus medidas, propone que los incrementos anuales de renta durante un contrato no superen la inflación reportada por el INEGI. También plantea mantener la libertad de las personas propietarias para acordar el precio inicial de una vivienda al celebrar un nuevo contrato, conforme a la ley.

Además, busca que el depósito no exceda una mensualidad y que no se exijan garantías adicionales contrarias a la ley. La iniciativa establece que las personas inquilinas deben pagar puntualmente, cuidar la vivienda y cubrir los daños que les sean imputables; también contempla la entrega del inmueble cuando el contrato termine legalmente y corresponda devolverlo.

Una de las principales propuestas es crear, a través de la Procuraduría Social, el Centro de Justicia y Conciliación Inquilinaria de la Ciudad de México. Este espacio brindaría orientación, asesoría jurídica y conciliación a propietarios e inquilinos para facilitar acuerdos sobre rentas pendientes, reparación de daños, devolución de depósitos o entrega de inmuebles.

Si no se alcanza un acuerdo, las partes conservarían su derecho de acudir ante los tribunales competentes.

La iniciativa también plantea crear un Registro Digital de Contratos y un Observatorio de Arrendamiento Habitacional, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica, generar información confiable y mejorar las políticas públicas de vivienda.

Asimismo, propone sanciones para quienes exijan garantías indebidas, realicen cobros prohibidos o incrementen ilegalmente las rentas, así como para quienes ocasionen daños al inmueble o se nieguen injustificadamente a devolverlo cuando corresponda. Las infracciones podrían investigarse de oficio o mediante denuncia, en un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, defensa y presentación de pruebas.

“Esta iniciativa no está en contra de los propietarios ni de los inquilinos. Está a favor de ambos”, señaló Mateos Hernández, al explicar que la propuesta busca establecer condiciones equitativas y mecanismos para que las dos partes puedan hacer valer sus derechos. La iniciativa fue turnada a las Comisiones de vivienda y Administración de Justicia para su análisis y dictamen.