Al señalar que las acciones de protección forestal deben incluir una estrategia permanente y progresiva, la diputada Leticia Mejía García (PRI) propuso reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para dotar a las autoridades estatales de facultades para combatir de frente la tala ilegal y mejorar la coordinación de acciones.

La proponente detalló que se plantea que la Federación sea la responsable de emitir normas rectoras y vigilar el cumplimiento de visitas de inspección y labores de vigilancia forestal; que las entidades sean dotadas de competencia expresa para realizar esas labores, así como de ejecutar las acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal de recursos forestales, sin estar sujetas a la suscripción de acuerdos y convenios.

También establecer que municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cuenten con la atribución de participar y coadyuvar en visitas de inspección y labores de vigilancia forestal, bajo la coordinación de la autoridad estatal respectiva.

Resaltó que en el contexto de la generación de políticas y de la formulación, operación y evaluación de programas integrales de prevención y combate a la ilegalidad forestal, se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) supervise el cumplimiento de normas de estas acciones.

La congresista compartió que actualmente las funciones de inspección y vigilancia forestal se encuentran reservadas a las autoridades del ámbito federal y que la participación de las entidades está supeditada a los convenios que se celebren con la Federación, aunque puntualizó que el último se concluyó el 15 de septiembre de 2017.

Por lo anterior, subrayó que la inspección y vigilancia forestal no deben depender de un acuerdo de voluntades previo, sino del imperio de la ley como fuente obligatoria. En consecuencia, se propone eliminar ambos supuestos de los convenios de asunción de funciones y, de manera congruente, prever en la ley que las entidades son igualmente competentes, al igual que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.