Javier López Pérez, auditor especial de Desempeño y Legalidad del OSFEM, mencionó que en materia de desempeño han encontrado en las entidades fiscalizables documentos de ambiente de control inexistentes o no actualizados, procesos de planeación carentes de diagnóstico, planeación y programación sin alineación y capacitación nula o insuficiente de las personas servidoras públicas.

“Si no podemos generar evaluación, no podemos supervisar e identificar que el trabajo hecho o la ejecución del programa presupuestario tuvo el impacto que se esperaba o se determinó”, indicó, mientras que en materia de legalidad se han topado con procedimientos adquisitivos sin estudio de mercado, programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios no publicados en Compramex.

Luis Sierra Villa, titular de la Unidad de Seguimiento, refirió que para dar un panorama de cómo atienden las entidades fiscalizadas sus observaciones, 71 por ciento de las correspondientes a la Cuenta Pública 2020 no las solventaron, en 2021 subieron a 82 por ciento, y pasaron al área de investigación.

La etapa de aclaración “es el momento preciso para aportar información o aclarar una presunta irregularidad”; asimismo, mencionó que esta área aplica el procedimiento más nuevo para dar seguimiento a las observaciones de la cuenta pública, que se enfoca a la labor de los OIC.

Hugo Armando Pérez Albarrán, titular de la Unidad de Investigación, mencionó que solo son competentes para faltas administrativas graves; refirió que el año pasado impusieron 45 multas por incumplimiento en la entrega de información, abrieron 52 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Sancionadora (IPRAS) que involucran a 130 servidores públicos y 16 particulares, pero será el Tribunal de Justicia Administrativa el que imponga la sanción.

Simón Reyes Ramos, titular de la Unidad de Asunto Jurídicos, exhortó a las entidades a dar continuidad a sus expedientes y dijo que, aunque el tema resarcitorio cambió a partir de 2017, el OSFEM está obligado a seguir con sus consecuencias de ejercicios anteriores.

Finalmente, Ulises Iván Lovera Villegas, de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, habló de los beneficios de la Plataforma Digital del OSFEM ya que su propósito es automatizar y eficientar los actos de la fiscalización superior; reducir los tiempos de atención; procurar un ejercicio racional y austero de los recursos públicos; tener una comunicación bidireccional, así como ayudar en el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción y fiscalización superior.

Recordó a las autoridades municipales que, una vez concluido su encargo, deberán atender un procedimiento para revocar la Firma Electrónica.