La reapertura del caso contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, fue solicitada por ciudadanos a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a su posible participación en actos de corrupción relacionados con la concesión de penales durante el tiempo en que Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública.

Pese a que un tribunal federal concluyó que los delitos imputados a 16 exfuncionarios del sistema penitenciario ya habían prescrito, la denuncia subraya que el caso contra García Luna sigue su curso. En este sentido, se solicita investigar a Montaño Fernández por su participación en contratos que derivaron en un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad y por su posible relación con la red criminal encabezada por García Luna, sentenciado el año pasado a 38 años y 8 meses de prisión por vínculos con el narcotráfico.

El enfoque de los denunciantes está en que Montaño Fernández habría tenido un rol determinante en el otorgamiento de contratos millonarios a compañías privadas. Por ello, se insta a la FGR a revisar si existen delitos no prescritos por los cuales todavía puedan establecerse responsabilidades legales y se evite que el caso quede en el archivo.

El conjunto de contratos que se encuentra en el centro de esta demanda fue adjudicado durante 2010 y 2011 a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, bajo la administración de García Luna. En total, se destinaron cerca de 270 mil millones de pesos para la construcción de los centros penitenciarios de alta seguridad con capacidad para albergar a 20 mil personas privadas de la libertad.

Una resolución judicial dejó sin efecto las acusaciones contra varias figuras, entre ellas el General Sergio Alberto Martínez Castuera y quienes lo antecedieron en el cargo: el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra. 

Otros funcionarios señalados en su momento, y también exonerados por el tribunal, fueron Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, quienes encabezaron la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; además de Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro, excoordinadores de centros federales.