La calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey ha alcanzado niveles críticos, con 2024 marcado como un año de concentraciones récord de partículas PM2.5, un contaminante altamente peligroso para la salud. Sin embargo, la preocupación creció aún más tras el descubrimiento de metales pesados como plomo, cadmio y arsénico en áreas cercanas a escuelas, atribuidos a actividades industriales.
Ante esto, la PROFEPA ordenó clausurar a Zinc Nacional en San Nicolás, luego de que investigaciones confirmaran la presencia de estas sustancias tóxicas en viviendas y centros educativos próximos a la planta. Este caso ha puesto en evidencia la necesidad urgente de regular más estrictamente las emisiones industriales en la región. Organismos como el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y grupos vecinales han exigido medidas contundentes para detener el impacto en las comunidades más vulnerables.
El gobierno de Nuevo León ha respondido con acciones orientadas a controlar otras fuentes importantes de contaminación, entre ellas la refinería de Cadereyta. En colaboración con Pemex, las autoridades buscan garantizar que esta planta cumpla con normativas ambientales más estrictas para reducir sus emisiones. Este esfuerzo tiene como objetivo equilibrar el desarrollo industrial con la protección de la salud pública.
Mientras tanto, senadores de Morena han solicitado al gobierno estatal y a diversas empresas la entrega de reportes regulares sobre la gestión de desechos tóxicos, con la finalidad de evitar que residuos peligrosos, cuya importación y manejo no siempre están regulados de forma adecuada, sigan representando un riesgo para la población.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que las partículas PM2.5, combinadas con metales pesados, no solo contribuyen al desarrollo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sino que también generan daños irreversibles al sistema nervioso y afectan de forma crítica a los niños y adultos mayores.
Con millones de personas expuestas a este problema, las autoridades de Nuevo León han declarado que las acciones para frenar la contaminación son prioritarias. El desafío radica en implementar medidas eficaces que no solo reduzcan el impacto ambiental, sino que también garanticen una mejor calidad de vida para las comunidades afectadas.
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