Aprovechando que ahora forma parte del cabildo en Atizapán de Zaragoza, la segunda síndica, Leylany Richard, ha manifestado abiertamente su apoyo y protección a fraccionadores irregulares del municipio, a pesar de que no cumplen con los procesos jurídicos necesarios para legitimar su acción.
Recientemente la síndica, sirviéndose del cargo, lanzó acusaciones y se manifestó en contra de diversos actos de la administración municipal, al acusar de no haber concluido ciertas gestiones relacionadas con el predio "MADI", en el Pueblo de Calacoaya.
A su decir, la falta de resolución de estos “trámites” se debe a que fueron extorsionados por parte de funcionarios locales, pese a que estos fraccionadores irregulares se encuentran vinculados a un proceso relacionado con la subdivisión irregular del mencionado predio.
Norma Patricia Vizcaya Rodríguez, junto con su hija Karla Nelly Maldonado Burguete, y su esposo Carlos Maldonado Venegas, han sido identificados como fraccionadores ilegales en el área, quienes intentan regularizar ventas de más de treinta predios de manera fraudulenta.
Ello, simulando una subdivisión que no cumple con los requisitos legales establecidos y que, evidentemente, no cuentan con autorización de subdivisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado.
Se tiene conocimiento que el Registrador de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla determinó la suspensión del trámite correspondiente, debido a la falta de permisos necesarios para la subdivisión del predio.
Resulta más que evidente que las acusaciones de extorsión lanzadas a través de un acto oficial del Ayuntamiento no pueden estar sujetas al servicio y/o beneficio de una sindica, que pretende desacreditar a la administración, pues dichas personas se dedican a fraccionar predios de manera irregular, en prejuicio del desarrollo urbano municipal y la calidad de vida de la población.
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