Las irregularidades financieras durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) no solo obligan a investigar a quienes pudieron beneficiarse de contratos y decisiones administrativas, también exige revisar el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos.

En medio del escándalo, la narrativa oficialista se ha concentrado en buscar responsables en administraciones anteriores. Sin embargo, hay una pregunta fundamental: ¿qué hizo el Órgano Interno de Control (OIC) para evitar que las irregularidades ocurrieran o continuaran?

El partido gobernante y sus aliados en el Congreso respaldaron la llegada de Taddei a la presidencia del Instituto, sin un contrapeso real que la supervisara y auditara. Por eso, también tienen una responsabilidad política frente a lo ocurrido, no basta con deslindarse de una administración cuando aparecen señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

Porque la caída de la Guadalupe Taddei no obedeció a filtros internos de revisión, sino al estallido de investigaciones periodísticas sustentadas en audios y videos que desnudaron la magnitud del mal uso de recursos. Y es a partir de esas revelaciones, que las autoridades comenzaron a revisar hasta qué punto el sistema operativo y administrativo del órgano electoral quedó contaminado por la opacidad y la corrupción.

Hoy la exigencia ciudadana es clara: el Estado tiene la obligación ineludible de sancionar a todos los servidores públicos que incurrieron en abusos o mantuvieron una complicidad omisa en ese Instituto. Por ello merece especial atención el desempeño de Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE, designado en 2024 por la Cámara de Diputados y señalado por su cercanía con el senador Adán Augusto López, como lo publica el periodista Héctor de Mauleón en El Universal.

El OIC tiene la responsabilidad de revisar el manejo de los recursos del Instituto, realizar auditorías, investigar posibles faltas administrativas y promover las responsabilidades correspondientes. Por lo que Carvente debe explicar qué hizo durante estos 22 meses de su gestión, qué irregularidades encontró y qué medidas tomó para evitar que continuaran.

En una explicación, durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia de la Cámara de Diputados, el funcionario sostuvo que parte de las irregularidades se originaron en administraciones anteriores. Señaló que hay empresas que acumularon contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, vinculadas al proveedor relacionado con Guadalupe Taddei.

También informó que respecto a 2025, el OIC tiene 18 expedientes relacionados con posibles actos de corrupción: 13 continúan en investigación y cinco se encuentran en procedimientos de responsabilidades administrativas. Pero esto deja preguntas que el titular del Órgano debe de responder: ¿qué irregularidades se detectaron durante la gestión de Taddei?, ¿cuándo se identificaron?, ¿qué auditorías permitieron encontrarlas? y, sobre todo, ¿por qué no se actuó antes para impedir que las posibles irregularidades continuaran?

Si las prácticas irregulares se mantuvieron durante distintas administraciones, eso hace todavía necesaria una revisión de los controles internos y de quienes tenían la obligación de hacerlos cumplir.

La responsabilidad del OIC es vigilar, detectar riesgos y actuar dentro de sus atribuciones para proteger los recursos públicos. Por eso, la comparecencia de Carvente no debería darse por cumplida con la presentación de cifras. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hizo el OIC a su cargo, qué resultados obtuvo y si hubo fallas u omisiones en su trabajo.

El INE no puede recuperar la confianza pública si las posibles irregularidades se quedan en investigaciones sin resultados y si quienes debían vigilar el dinero de los ciudadanos no explican su actuación.

Quienes respaldaron la administración de Guadalupe Taddei deben responder políticamente por sus decisiones. Quienes hayan cometido faltas deben enfrentar a la justicia. Y el titular del OIC debe rendir cuentas sobre su trabajo.

El combate a la corrupción no puede depender de que un periodista revele lo que las instituciones encargadas de vigilar los recursos públicos no detectaron o no lograron detener oportunamente.

De cara a las elecciones de 2027, el oficialismo tendrá que responder por una contradicción difícil de ignorar: mientras sostiene que combate la corrupción, las instituciones bajo su responsabilidad enfrentan cuestionamientos sobre su capacidad para prevenirla y sancionarla.

Entonces la pregunta ya no es solamente quién permitió las irregularidades en el INE. También es quién tenía la obligación de impedirlas y por qué no lo hizo.

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