El asunto se encuentra además bajo interés de la Fiscalía General de la República (FGR), que requirió a la autoridad correspondiente una copia certificada de la investigación.

Doig Alvear ha señalado que su denuncia fue seguida por una serie de decisiones que afectaron su situación laboral. Primero, reportó una reducción de salario y posteriormente dejó el Poder Judicial de la Federación, luego de que se argumentara el vencimiento de su nombramiento.

Ante ello, el 6 de agosto presentó un escrito ante la Contraloría del Órgano de Administración Judicial para solicitar la autorización de Arturo Farelas Pacheco como su asesor jurídico. En la misma petición pidió que pudiera imponerse de los autos, revisar el estado procesal del expediente, consultar las actuaciones y obtener registros de las constancias.

El 12 de agosto, Doig Alvear acudió personalmente a la Dirección General de Investigación de la Contraloría con el propósito de revisar el expediente CAJ/DGI/INV/111/2026.

No obstante, la consulta no se concretó. El acta levantada ese día señala que el expediente no podía ser puesto a su disposición debido a que se encontraba “en proceso de revisión y firma del proyecto de acuerdo correspondiente”.

La falta de acceso se produce mientras la FGR ya pidió formalmente una copia certificada de las actuaciones, por lo que el contenido y avance de la investigación permanecen como uno de los puntos centrales del caso.

Sin embargo, la diligencia concluyó sin que pudiera consultar las actuaciones. Según quedó asentado en el acta correspondiente, el expediente no podía ponerse a su disposición debido a que se encontraba “en proceso de revisión y firma del proyecto de acuerdo correspondiente”.

La situación se mantiene mientras la FGR ha solicitado formalmente una copia certificada de la investigación, lo que añade un nuevo elemento al caso y mantiene bajo revisión las actuaciones relacionadas con la denuncia presentada por Doig Alvear.