Debido al deterioro ambiental, urbano y cultural que enfrenta Xochimilco, la diputada capitalina Erika Lizeth Rosales Medina busca proteger constitucionalmente a dicha zona como patrimonio mundial, pues se requieren acciones concretas para su conservación.

En la última sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, realizada el miércoles 26 de agosto, la Mesa Directiva dio a conocer una iniciativa de la legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) encaminada a ello.

La propuesta plantea adicionar dos párrafos al Numeral 2 del Apartado B del Artículo 18 de la Carta Magna capitalina, con el objetivo de establecer disposiciones específicas para la protección, conservación y gestión integral de Xochimilco como patrimonio mundial.

“Para Xochimilco existe protección constitucional general, legislación especializada y estructuras administrativas relacionadas con su conservación, pero no una autoridad especializada cuya permanencia se encuentre garantizada directamente por el texto constitucional. La presente iniciativa propone atender dicha asimetría institucional”, señala la congresista en su documento.

Explica que si bien Xochimilco cuenta con un reconocimiento como patrimonio mundial, eso por sí sólo no garantiza su protección, por lo que se requiere de políticas públicas, presupuesto y mecanismos efectivos de vigilancia y conservación.

Rosales Medina advierte que la presión urbana, el deterioro ambiental y la transformación de sus espacios tradicionales representan desafíos para la preservación de Xochimilco. Ante esta situación, expone la necesidad de fortalecer ese territorio y garantizar su conservación para las generaciones futuras.

Indica que su propuesta pretende que la protección de Xochimilco tenga un respaldo constitucional y que su conservación sea asumida como una responsabilidad permanente de las autoridades capitalinas, más allá de acciones aisladas o de corto plazo.

La propuesta de la Vicecoordinadora de la APPT fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Culturales, para su análisis y dictaminación.