En un caso que ejemplifica posibles fallas y anomalías en el sistema judicial mexicano, el empresario Arturo Emmanuel Gómez Lara se encuentra detenido desde hace más de siete meses, sin una fecha de juicio establecida. A pesar de que el periodo de investigación ha concluido, las autoridades no han programado el juicio correspondiente, lo que ha llevado a su defensa a exigir transparencia y pruebas contundentes para su liberación.

Propietarios del Grupo SIMSA interpusieron una demanda que dio como resultado la prisión de Gómez Lara. Sin embargo, no existe ningún contrato entre el empresario y Grupo SIMSA, un hecho que ha sido reiteradamente comunicado a las autoridades competentes, explicó su defensa.

Irregularidades en el Proceso

A pesar de no haber realizado negocios en Torreón, Gómez Lara fue trasladado a esta localidad. Esta acción se considera irregular y sin justificación legal aparente, por lo que se solicitó que el caso se volviera federal, debido a su relación con la Ley de la Industria Eléctrica, pero por motivos que no son justificables, la administradora del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, Natalia Calderon, impide, sin tener para ello atribuciones, que se le asigne a un juez federal la Solicitud de inhibitoria que busca evidenciar que la competencia del asunto no es en Torreón sino en Ciudad de México fuero federal.

No es la primera ocasión que Natalia Calderon se asume en funciones de jurisdiccionales sobrepasando las que tiene como administradora, se dice, en el gremio, que esta situación es recurrente.

En una queja presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el defensor de Gómez Lara, Marco Antonio Serrano Cordero, expone las múltiples irregularidades y obstáculos que han enfrentado en este proceso. Desde la repetida solicitud de información adicional por parte de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal hasta la falta de fundamentos legales en estos requerimientos, se han identificado claras violaciones a los derechos de Arturo.

El 20 de febrero de 2024, durante la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1/2024, se constató la falta de asistencia de las partes legalmente notificadas, lo cual fue documentado por la Jueza Séptimo de Distrito en la Laguna, Zarahí Escobar Acosta. A pesar de la revisión de medidas cautelares, la solicitud de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva justificada fue declarada improcedente, prolongando la detención del empresario sin justificación clara.

En ese sentido, la defensa hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se respeten los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia y solicitó una revisión exhaustiva e imparcial del caso y la liberación inmediata de Gómez Lara, quien ha sido víctima de un sistema influenciado por intereses particulares y acciones ilegales de presión.