Explicó que el debate sobre los derechos de las audiencias no es nuevo, ya que este derecho quedó establecido en la Constitución desde 2013. Posteriormente, en 2017 se aprobaron leyes secundarias para regularlo; sin embargo, todas fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que la regulación debía recaer en un órgano autónomo. Desde entonces, dijo, el país permanece sin una ley secundaria en la materia

Paul Ospital agregó que quienes impulsan esta iniciativa argumentan que pretende empoderar a las audiencias, protegerlas de la desinformación, elevar los estándares periodísticos y establecer mecanismos de defensa para los ciudadanos.

No obstante, dijo: "hay una línea muy delgada entre proteger los derechos de las audiencias y abrir la puerta a la censura. Obligar a periodistas y conductores a separar permanentemente el hecho de la opinión puede generar autocensura, porque el temor a sanciones terminará afectando la libertad con la que hoy se ejerce el periodismo".

Finalmente, el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital apuntó que, al no haber un órgano autónomo que regule este tema, el árbitro que decidiría si una crítica es válida o no, será el mismo gobierno: "eso elimina cualquier garantía de imparcialidad y representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico".