Una investigación de Reporte Índigo revisó esos procedimientos de contratación y documentó que el monto conjunto supera los 3 mil millones de pesos. El análisis también señala que, hasta ahora, no existe información pública que permita acreditar el impacto de diversas inversiones realizadas con esos recursos.

Entre los proyectos con mayor asignación de recursos figura el Hospital Regional de Actopan, cuya construcción comenzó en 2016, posteriormente fue adaptada para atender la emergencia por COVID-19 y más tarde entró en un nuevo proceso de reconstrucción. Tan solo entre 2023 y 2024, la obra acumuló contratos por 346 millones 512 mil 872 pesos, aunque aún no cuenta con una fecha oficial para iniciar operaciones.

Uno de esos convenios fue por 94 millones 404 mil 965 pesos con Constructora y Promotora Satélite S.A. de C.V. Posteriormente se firmó otro por 252 millones 107 mil 906 pesos, correspondiente a la adquisición de equipo médico y de laboratorio mediante la empresa Ingenia AG S.A. de C.V. Ambos se encuentran entre los contratos de mayor valor identificados durante el periodo analizado.

El hospital fue proyectado para brindar atención a más de 182 mil habitantes de siete comunidades del Valle del Mezquital. Sin embargo, las autoridades federales y estatales no han informado cuándo estará disponible el servicio para la población.

La revisión también incluye inversiones destinadas al abasto de agua potable. En 2025, la administración estatal adjudicó un contrato por 26 millones 794 mil 810 pesos a Edochsa S.A. de C.V. para construir la línea de conducción Mangas–Tezontepec de Aldama, en la comunidad de San Isidro Presas, municipio de Tezontepec de Aldama.

Mientras esas obras avanzaban, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales reportó la detección y clausura de más de 15 mil tomas clandestinas desde el inicio de la actual administración. Además, la dependencia informó sobre alrededor de 200 procedimientos legales relacionados con robo de agua, conexiones irregulares y sustracción de infraestructura hidráulica.

Otro de los rubros identificados en la revisión corresponde a los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes. Para ese fin, el gobierno estatal celebró diversos contratos con personas físicas, algunos de ellos por montos superiores a 50 millones de pesos para un solo beneficiario.

En materia de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación observó 582.9 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2024. Las observaciones estuvieron relacionadas con construcciones, compras de medicamentos sin documentación comprobatoria, pagos adicionales a contratistas y diferencias detectadas en la documentación que respaldó algunas obras financiadas con recursos federalizados.