La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga la compra de un helicóptero Black Hawk por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la participación de Samuel Avishai Neriah, ciudadano israelí señalado por SDP Noticias como intermediario de la operación. La revisión busca determinar si existen irregularidades administrativas o posibles afectaciones al patrimonio público.
La aeronave, con matrícula XC-PEM, fue presentada por autoridades mexiquenses el 22 de junio de 2026, según información del portal de noticias. El medio reportó que corresponde a una unidad de la década de 1980 que recibió un proceso de remanufactura, aunque la presentación pública la describió como una aeronave de última generación.
El costo de la operación también forma parte de la revisión. SDP señaló que la SSEM pagó 170 millones de pesos por el helicóptero, mientras que un Black Hawk nuevo puede alcanzar entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo con las cifras citadas por el medio.
La indagatoria quedó registrada en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF solicitó a Cristóbal Castañeda Camarillo documentación sobre 19 puntos de la operación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026. Entre los asuntos bajo revisión figuran las condiciones del contrato y las características de la aeronave.
Sobre Neriah, el medio de comunicación refiere antecedentes en operaciones relacionadas con tecnología de seguridad y lo vincula con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La publicación también menciona documentos de un arbitraje judicial en Israel que, según el medio, describen acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher sobre la distribución de oportunidades de contratación pública en México.
La ASF deberá establecer, con base en la documentación y las diligencias correspondientes, si existieron responsabilidades administrativas o daño al patrimonio público. De acuerdo con la fuente de noticias, la investigación podría derivar en sanciones administrativas o una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta que concluya el procedimiento, los señalamientos forman parte de una indagatoria y no constituyen una determinación de responsabilidad.


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