En la conferencia matutina de este 11 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, a pesar de que a nivel nacional los homicidios dolosos han disminuido un 23.8 % en comparación con 2018, en Guanajuato se registró un aumento del 23.4 % en los últimos meses. 

Según el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el promedio diario de homicidios en México pasó de 100.5 en 2018 a 76.5 en enero de 2025, representando la cifra más baja en los últimos años. Desde la llegada de Sheinbaum a la presidencia en septiembre de 2024, el país ha experimentado una reducción del 12 % en este delito. Sin embargo, Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta, tras acumular 15.2 % del total de homicidios en México durante enero de este año.

Desde septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios en Guanajuato subió un 23.4%, al pasar de 9.4 a 11.6 víctimas diarias en enero de 2025. Mientras en otras entidades la estrategia de seguridad ha mostrado resultados positivos, el estado continúa con una tendencia a la alza.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Guanajuato es la única entidad donde los homicidios no han disminuido, y afirmó que se fortalecerá el trabajo conjunto con las autoridades estatales para atender la crisis de seguridad. “La certidumbre jurídica es lo más importante para nosotros”, señaló la mandataria federal, tras asegurar que su gobierno implementará estrategias para reducir la violencia en la entidad.

A la crisis de seguridad se suman irregularidades en el sector salud de Guanajuato. El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, enfrenta denuncias por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos millonarios a empresas fantasma y compañías vinculadas a funcionarios públicos.

Antes de asumir su cargo, Cortés Alcalá se desempeñó como director del Hospital Regional del ISSSTE en León (de abril de 2023 a septiembre de 2024), donde se le señala por haber autorizado contratos con al menos ocho empresas con domicilios fiscales inexistentes. De acuerdo con una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del ISSSTE, estos contratos fueron otorgados a través de adjudicaciones directas y licitaciones amañadas, favoreciendo a proveedores ligados a funcionarios de su administración.

Entre las compañías beneficiadas se encuentra Grupo GTO de Comercio y Mantenimiento SAPI, propiedad de Álvaro Rangel Bowser, quien fundó la empresa en sociedad con Ana Rosa Quiroz Ramírez, coordinadora de Recursos Financieros del hospital. Este grupo recibió 11 contratos entre 2020 y 2024 por un total de 9.2 millones de pesos, cinco de los cuales fueron firmados directamente por Cortés Alcalá.

Otro caso señalado en la denuncia es el de Soluciones Médicas Vitalcorp S.A. de C.V., que desde 2021 ha recibido 27 contratos con el ISSSTE, de los cuales 17 fueron asignados entre 2023 y 2024, sumando un total de 9.6 millones de pesos. Al ser investigado, el domicilio fiscal registrado resultó ser una casa de interés social deshabitada.