Durante años se nos dijo que la credencial del INE era la clave para garantizar elecciones confiables. Hoy, las denuncias sobre los contratos para producirla nos obligan a revisar los intereses económicos que hay detrás y a plantearnos una pregunta postergada: ¿por qué seguimos tratando un documento como si fuera irremplazable?

La credencial se creó en 1991 y en tres décadas han cambiado muchas cosas. Las denuncias de corrupción en su producción hacen necesario revisar un modelo que seguimos tratando como intocable. La propuesta va más allá de los documentos: aprovechar la experiencia de otros países y los avances tecnológicos para facilitar el voto y fortalecer la transparencia.

Ahí está el nudo del problema: votar en la casilla que corresponde al domicilio de la credencial suele afectar a los más desfavorecidos, que son quienes se ven en la necesidad de cambiar de domicilio con mayor frecuencia, a diferencia de la estabilidad de residencia de la que gozan las clases propietarias. Propongo, por tanto, que la ciudadanía pueda votar con una identificación oficial, sin depender exclusivamente de la credencial del INE.

Verificada su inclusión en la lista nominal, la urna electrónica confirmaría su identidad cotejando su huella digital con los datos biométricos registrados. La credencial podría seguir usándose como identificación, pero dejaría de ser el único documento admitido. El sistema tendría que contemplar una alternativa para quienes no tengan biometría registrada o cuya huella no sea reconocida, de modo que una falla tecnológica no les impida ejercer su derecho.

Y no se trata de una preocupación abstracta: el escándalo de los contratos demuestra que el modelo actual es, además, un negocio. El INE adjudicó al consorcio encabezado por Cosmocolor un contrato para producir credenciales entre 2026 y 2031 por alrededor de mil 173 millones de pesos.

Según la investigación periodística, el precio de cada código QR pasó de unos 32 centavos a 2 pesos con 28 centavos: se multiplicó por siete. Por cada millón de códigos, son casi dos millones de pesos adicionales.

La democracia no es cara, lo caro es el negocio que hay detrás.

El mismo candado documental golpea a nuestros compatriotas en el exterior. En 2024 votaron desde el extranjero 184,326 mexicanos, un máximo histórico, pero para lograrlo hay que agendar cita consular, tramitar la credencial, esperar a que llegue a una dirección en el exterior y registrarse dentro del ciclo electoral. Para millones de trabajadores migrantes, esa credencial es primero una identificación; el voto es un lujo casi inalcanzable.

Como diputado federal migrante, dentro del Plan B impulsé que los mexicanos en el exterior pudieran votar con pasaporte, matrícula consular o credencial del INE, sin quedar atados a una sola identificación. La iniciativa fue aprobada en el Congreso, pero la Suprema Corte, presidida entonces por Norma Piña, invalidó el Plan B en su conjunto y millones de compatriotas siguen fuera de las urnas.

No hace falta imaginar el futuro. En la segunda vuelta brasileña de 2026, con Lula da Silva en 51.79% contra Flávio Bolsonaro en 48.21%, la participación alcanzó el 80.8% y la abstención bajó al 19.2%, la más baja desde 2006. La elección fue tan polarizada como la mexicana de 2006, pero la ciudadanía tuvo certeza sobre el sistema, que se apoya en la urna electrónica con validación biométrica. Una elección cerrada no derivó en crisis institucional.

En México, en cambio, la participación en 2024 rondó el 60% y la del exterior no llegó al 0.5%. Si mañana se repitiera un escenario cerrado como el de 2006, ¿con qué le pedimos a la mitad del país que acepte la decisión de la otra mitad? ¿Con un código QR que genera desconfianza desde su origen?

El escándalo del INE debe investigarse a fondo, hasta el último contrato y el último audio. Pero es, sobre todo, la oportunidad de hacer tres cosas que llevamos años postergando: introducir la urna electrónica con validación biométrica para no depender de la credencial; ampliar el voto en el exterior; y poner los contratos del INE bajo el sol para que el Instituto no sea la caja chica de nadie.

No necesitamos inventar una nueva democracia. Necesitamos dejar de usar excusas viejas para bloquearla. Brasil demostró que, incluso con un país dividido, si votar es fácil y confiable, la democracia triunfa. La condición es sencilla: dejar de tratar la credencial como negocio, a nuestros compatriotas en el exterior como extranjeros y los procedimientos como coartada.

El voto no es un privilegio. El voto es un derecho. Y los derechos no tienen precio.

*Alejandro Robles es maestro en derecho, profesor de la UNAM.